Esta medida fue confirmada por la Resolución N° 19 del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, notificada el 4 de noviembre. En ella, la jueza Patricia Romero Medina resolvió que el recurso de apelación de Rutas de Lima no paraliza las cosas, por lo que la empresa debe paralizar de inmediato el cobro en ambos peajes y asumir su responsabilidad.

La decisión se debió a que mantener el cargo viola la libertad constitucional de circulación de las personas, especialmente de las personas que viven en el sur de Lima y que no cuentan con otros buenos medios para desplazarse. La resolución indica que el daño económico alegado por la concesionaria no puede prevalecer sobre un derecho fundamental.

El veredicto del tribunal respalda oficialmente una decisión tomada el 13 de octubre de 2025, confirmando que la demanda tenía algún mérito. Pero Rutas de Lima volvió a cobrar el 2 de noviembre, diciendo que la apelación les permitía seguir haciéndolo. Esta interpretación fue rechazada por el Poder Judicial, que advirtió de sanciones económicas consecutivas en caso de incumplimiento.

La empresa dijo que cumpliría la nueva orden y dejó de cobrar en ambos puntos de control, pero no estaba contenta con el trato que se está dando al Estado peruano. También mencionó que los peajes de Huaylas, San Pedro, Arica y Quebrada Seca se encuentran funcionando con normalidad ya que no forman parte de la orden judicial.