El Límite de la Autonomía Municipal:
Un Análisis Jurídico del Tren de Lima
Autores:
Sthefany Gianella, Trucios Villegas
Brenda Yadira, Alaya Mestas
Gloria Alexandra, Guevara Romero
Jim Snider, Maguhn Navarro
Xiomara Luz, Aguilar Laura
La pregunta central no es si Lima necesita mejorar su conectividad este-centro, sino si el enfoque adoptado responde a criterios de sostenibilidad, legalidad y eficiencia. ¿Estamos frente a un proyecto viable o ante una improvisación política con alto costo para la ciudadanía?
La adquisición de trenes para el proyecto Lima–Chosica, impulsado por el alcalde Rafael López Aliaga, ha trascendido el plano técnico para convertirse en un reflejo de los desafíos estructurales que enfrenta la gestión pública en el Perú. Lejos de tratarse de una simple iniciativa de transporte, esta controversia pone en evidencia conflictos de competencias, deficiencias en la planificación, riesgos legales y falta de transparencia en el uso de los recursos estatales.
Una solución de transporte cuestionada desde su origen
El proyecto del tren Lima–Chosica busca reactivar la antigua vía del Ferrocarril Central como alternativa para descongestionar el tránsito entre Ate y el Cercado de Lima. Sin embargo, ha sido duramente criticado por urbanistas y expertos en movilidad por su naturaleza improvisada, falta de estudios técnicos y baja operatividad.
Especialistas como Aldo Facho y Daniel Maguiña han señalado que operar una sola vía compartida con trenes de carga limitaría su eficiencia, mientras que la ausencia de señalización, estaciones seguras y estudios de flujo de pasajeros podría comprometer gravemente la seguridad del sistema. Informes técnicos revelan que la infraestructura actual vías oxidadas, durmientes deteriorados, ausencia de sistemas de control está lejos de cumplir estándares mínimos.
Además, la presencia de zonas geológicamente vulnerables por huaicos y posibles desbordes del río Rímac y la falta de evaluación de impacto ambiental añaden más incertidumbre. Adaptar el sistema requeriría una inversión estimada de más de 30 millones de dólares adicionales, una cifra que contrasta con la promesa inicial de una solución «rápida y económica».
Un proyecto sin respaldo institucional
La iniciativa no cuenta con el respaldo de entidades clave como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ni OSITRAN. Estas instituciones han señalado que el proyecto carece de condiciones mínimas para su implementación legal y operativa. No se han formalizado convenios, y adendas ni coordinaciones con la empresa concesionaria Ferrovías.
El conflicto escaló cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) denunció trabas burocráticas, acusó al MTC de bloquear el acceso a terrenos y abandonó la mesa técnica en julio de 2025. El MTC respondió que el alcalde pretende imponer el proyecto sin cumplir los requerimientos legales, desnaturalizando un proceso que exige rigurosa planificación y control.
Enfoque jurídico: ¿quién tiene la competencia?
Desde el plano legal, este conflicto refleja un caso clásico de choque de competencias entre el gobierno central y un gobierno subnacional. Si bien la MML puede formular iniciativas de movilidad, la operación ferroviaria, la homologación técnica y la regulación de seguridad corresponden al MTC.
El retiro unilateral de la Municipalidad de los espacios de coordinación podría interpretarse como un incumplimiento de deberes de cooperación administrativa interinstitucional, lo cual podría motivar acciones correctivas o incluso judiciales.
Asimismo, las acusaciones cruzadas, los informes de la Contraloría sobre fallas técnicas y la falta de documentación verificable abren un riesgo de fiscalización legal, investigación por responsabilidad funcional y pérdida de legitimidad del proceso.
Enfoque empresarial: ausencia de gobernanza y gestión de riesgos
Desde una perspectiva empresarial y de gestión de proyectos, el tren Lima–Chosica revela una falta de estructura de gobernanza. No existe una entidad coordinadora con autoridad sobre los diversos actores: promotor político (MML), regulador técnico (MTC), operadores privados, fiscalizadores, ciudadanía y medios.
El desarrollo del proyecto ha carecido de un análisis de riesgo integral. Entre los principales riesgos identificados destacan:
- Político: uso del proyecto con fines electorales, confrontación abierta entre autoridades.
- Operativo: infraestructura deficiente, estudios técnicos incompletos o inexistentes.
- Reputacional: percepción ciudadana de mala gestión, improvisación y falta de transparencia.
Una gestión profesional hubiera contemplado desde el inicio un comité técnico interinstitucional, cronograma detallado, matriz de riesgos y canales de coordinación pública y privada.
En conclusión, el tren Lima–Chosica es más que un proyecto fallido: es un espejo de las debilidades institucionales, la fragmentación normativa y la falta de profesionalismo en la planificación pública en el Perú. Sin una visión técnica, legal y estratégica integrada, este tipo de iniciativas seguirán repitiendo el mismo patrón: promesas políticas grandilocuentes, ejecución deficiente y desconfianza ciudadana.
Para avanzar hacia una verdadera transformación del transporte urbano, se requiere más que voluntad política: se necesita legalidad, sostenibilidad, gestión colaborativa y, sobre todo, responsabilidad con el interés público.
Bibliografía
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