La situación en torno a la formalización minera se ha visto alterada por las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y el reciente comunicado del MINEM. A inicios de julio del presente año, la presidenta se pronunció directamente sobre los mineros manifestantes en el sur del país, calificandolos como “mineros ilegales”, la mandataria en su mensaje los llama a trabajar unidos para formalizar la minería legal, argumentando que la actividad ilegal provoca la pérdida de millones de divisas en impuestos para el Perú. 

Sumándose a los comunicados, el día 17 de julio, el MINEM público uno donde menciona que “desmiente categóricamente que se haya producido un retroceso en el proceso de formalización minera” y reconoce que los mineros excluidos del REINFO tienen derecho a presentar reconsideraciones amparadas en la Ley N°27444. Sin embargo, en el comunicado indica claramente que esta reconsideración “no implica la reincorporación automática”, todos los casos serán evaluados de forma individual y rigurosa, reafirmando así un compromiso con un proceso transparente, técnico y estricto con el cumplimiento de la ley.

En otros mensajes de la mandataria endurece su postura contra la minería ilegal, a la que atribuye graves delitos ambientales, laborales y sociales, asegurando que no habrá retroceso en su combate y que no pactará con grupos violentos responsables de pérdidas económicas de 7,500 millones de soles. Sin embargo, en un gesto de diálogo estratégico, convocó a una mesa de trabajo para el 18 de julio con instituciones clave y gremios formales, buscando avanzar en la formalización de los 31,560 mineros ya autorizados en el REINFO, la implementación de derechos laborales y la creación de una nueva ley para la pequeña minería, evidenciando una estrategia dual de confrontación con la ilegalidad y diálogo selectivo para la formalización.