En el Perú, el salario mínimo vital es de S/1130. Para tener una idea clara de la magnitud de la diferencia, un parlamentario proyectado podría ganar aproximadamente 37 veces ese monto, este simple dato ya permite cuestionar la equidad y justicia en la distribución de los recursos públicos porque pone en evidencia un desbalance muy marcado entre quienes legislan y quienes viven del trabajo diario.

La mayoría de los trabajadores enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas: la inflación en alimentos, el aumento de los costos de vivienda, transporte y servicios de salud genera presión sobre los hogares, especialmente aquellos con ingresos bajos o medios. Además, más del 70 % de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, laborando con ingresos inestables y sin acceso a beneficios laborales esenciales como seguro de salud, gratificaciones o aportes a la seguridad social.

Esta situación sólo refuerza la sensación de inequidad social, al mostrar que los recursos del Estado se destinan a mantener privilegios que contrastan fuertemente con las condiciones de vida de la mayoría de personas. La discusión sobre los salarios parlamentarios debe considerar no solo criterios legales o institucionales, sino también la realidad socioeconómica del país.